Las organizaciones sociales firmantes de este manifiesto queremos expresar y ratificar nuestro compromiso irrenunciable y nuestra apuesta y actitud participativa como compromiso social para el progreso desde las siguientes consideraciones.-
Nuestra Constitución consagra en su artículo 3.2 que corresponde a los poderes públicos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará las medidas de acción positiva que resulten necesarias.
Lo consignado en la Constitución Española y en nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía debe servirnos, y así lo reclamamos, como principio básico para reivindicar nuestra participación plural en todos los ámbitos sociales y políticos de nuestra realidad. Y lo hacemos frente a toda campaña planificada y trasladada a la opinión pública pretendiendo menoscabar, priorizar y desprestigiar el tejido asociativo de nuestra comunidad.
Es la participación democrática voluntaria y, de ahí la importancia de su contribución a la sociedad, la que puede poner de manifiesto las implicaciones y consecuencias fundamentales de las políticas públicas en relación con los valores democráticos, mostrando, por ejemplo, en qué medida son más o menos eficientes, suponen una distribución equitativa de riesgos y beneficios, son preferibles a sus alternativas o hasta que punto, los objetivos previstos pueden, incluso, acentuar las desigualdades existentes. La participación está indisolublemente ligada a los valores democráticos en su sentido más amplio; esto es, a la libertad, a la igualdad, a la equidad, a la solidaridad, a la responsabilidad….
Un modelo productivo financiero-especulativo, veraz y depredador sustentado en la cobertura ideológica de cuanto menos estado más mercado se ha demostrado como una falacia, hecha la excepción de los beneficios obtenidos por unos pocos en detrimento de prácticamente el resto de la sociedad. Paradójicamente, de forma acelerada y a la vez implacable, la actual crisis económica no está contribuyendo a la revisión crítica de aquellas ideologías que conformaron durante las últimas décadas buena parte de los principios económicos y políticos imperantes y con ella del modelo económico que auspiciaron, sino todo lo contrario.
La situación actual es consecuencia de la ausencia de regulación de los sistemas financieros, del poder omnímodo de los llamados genéricamente mercados financieros, de la especulación y de la pérdida de principios y valores éticos.
Nuestro mundo se ha convertido en un lugar más injusto, con un modelo productivo muchas veces depredador de los estándares de bienestar social. Ante ello, no cabe otra opción que reivindicar la democracia, la prevalencia de los poderes públicos legítimamente elegidos sobre los poderes financieros, una economía productiva socialmente responsable y la capacidad reivindicativa y asociativa de sus ciudadanos para salvaguardar los derechos sociales adquiridos.
La crisis, además, está sirviendo como excusa para recortar derechos sociales y laborales, así como para mermar el ejercicio de derechos colectivos. Y todo ello con un rosario de argumentos desde el cual las políticas más neoliberales y las ideologías más conservadoras atacan, recortan y tratan de debilitar la importancia de la articulación y organización social y su prestigio frente a la ciudadanía general, tratando de lanzar un mensaje frustrando y desmovilizador para conseguir debilitar las respuestas colectivas, queriendo provocar insolidaridad.
Estos mensajes son lanzados desde concepciones ideológicas que tienen como objetivo acabar con las conquistas del Estado del Bienestar, y que rechazan como modelo idóneo nuestro Estado democrático, social y de derecho consagrado en la Constitución, tratando igualmente de crear un caldo de cultivo en el que la ciudadanía quede relegada, no participe, se mantenga al margen o quede desorientada.
La ciudadanía debe ser sujeto activo y no pasivo de la acción pública. La participación activa de la sociedad proporciona criterios para la estimación de los intereses en juego, cauces para el establecimiento negociado de las prioridades y para alcanzar consensos en el proceso de decisión.
Las organizaciones, colectivos sociales y económicos firmantes de este manifiesto PROCLAMAMOS nuestra firme voluntad de seguir trabajando por la ciudadanía en la calle, en los barrios, y en todos los ámbitos sociales, institucionales y profesionales en la defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas como consumidores y usuarios, como trabajadores, como servidores públicos o como emprendedores de empresas socialmente responsables.
Nuestros esfuerzos, nuestra visión crítica y nuestro papel organizativo van dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, a reivindicar más y mejores derechos, practicando la solidaridad, la lucha social, la defensa del medioambiente y propiciando una sociedad más participativa, justa o interesada por lo público, por la libertad y por la igualdad de todos y todas.
Queremos ser y somos parte del cauce libre y democrático de participación frente a las estrategias de individualización, frente al aislacionismo y la confusión, apostamos por la colaboración y la acción conjunta en la defensa de un modelo social democrático y participativo.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto DENUNCIAMOS que las personas sufridoras de la crisis económica están siendo aquellas que no la provocaron, pero que si están pagando las consecuencias, los trabajadores y consumidores, las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, las personas con discapacidad, las familias con menos recursos y muy especialmente, los 4,7 millones de personas desempleadas de ellas 1.127.000 en Andalucía.
EXIGIMOS a los gobiernos, a las entidades financieras y a los empresarios que se pongan en marcha medidas para reactivar la economía y la generación de empleo que suponga un avance hacia otro modelo productivo sostenible y socialmente responsable.
EXIGIMOS la adopción de un IMPUESTO que grave las transacciones financieras internacionales y la eliminación de los paraísos fiscales, como contribución del sistema financiero internacional a la erradicación de la pobreza y a preservar los bienes públicos. Igualmente demandamos a la comunidad internacional una regulación de los sistemas financieros en profundidad que impida la especulación y permita la fluidez de crédito para la economía productiva y a las familias.
EXIGIMOS al gobierno que modifique los contenidos negativos de la Reforma Laboral y ponga en marcha medidas para garantizar la estabilidad y la igualdad en el empleo, eliminando la contratación fraudulenta y erradicando la economía sumergida.
EXIGIMOS al gobierno que regule y controle unos mercados que sólo están provocando abusos a los consumidores y limitando su acceso a servicios básicos.
EXIGIMOS al gobierno que actúe de forma contundente contra las prácticas empresariales fraudulentas y abusivas que distorsionan el mercado en perjuicio de los consumidores.
EXIGIMOS la necesidad de recoger, en el marco de la Ley, los modelos participativos diseñados desde el propio ordenamiento constitucional y estatutario para la participación institucional, que es una de las características propias de una sociedad democrática, en la que existe un eficaz y fluido dialogo entre los gobiernos y los agentes sociales, con el fin de garantizar un verdadero Estado del Bienestar.
EXIGIMOS que se sigan desarrollando medidas para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres, en la sociedad y en el mercado de trabajo.
EXIGIMOS al gobierno que se garanticen los plenas derechos laborales y sindicales de todos los trabajadores, especialmente de aquellos a quienes se les niega sistemáticamente, como por ejemplo la Guardia Civil.
Expresamos con toda firmeza nuestro compromiso con la consolidación y mejora de nuestro Sistema e Protección Social y por ello reivindicamos, defendemos y exigimos:
- Un sistema sanitario público, universal y gratuito sin listas de espera, rechazando firmemente el copago.
- Mayor dotación de recursos para la mejora del sistema público educativo que garantice la igualdad efectiva en el acceso a la educación.
- La defensa permanente de nuestro Sistema Público de Pensiones que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras
- La adopción de medidas urgentes para abordar la insolvencia familiar y garantizar, a las familias, alternativas reales para evitar la perdida de la vivienda habitual
- Seguir desarrollando el Sistema de atención a las personas dependientes y que se prioricen los servicios.
- Garantizar la protección económica a todas las personas desempleadas y las políticas activas de empleo para ayudarles a su integración laboral.
- Garantizar el derecho de acceso a la vivienda protegida a todas las personas con recursos económicos limitados, y se avance a través de las políticas de rehabilitación de barrios y núcleos urbanos, en una ciudad más sostenible y habitable.
Los derechos sociales y laborales que hoy disfrutamos no son fruto de la generosidad de los poderosos, sino el resultado de muchos años de lucha de una multitud de personas organizadas; por ello, hoy estamos todas las organizaciones sociales unidas para hacer frente a la ofensiva ultra liberal que quiere reducirlos a la mínima expresión.
La redacción de este manifiesto no es un punto y final, es la primera de las paradas de un largo recorrido en el que, las organizaciones que lo suscriben y aquellas que puedan adherirse en el futuro, nos comprometemos en una acción común de colaboración coordinada en la defensa del modelo social y participativo que la ciudadanía de este país ha construido en las últimas décadas de vida democrática.
COMPROMISO SOCIAL PARA EL PROGRESO
